En el informe La cara oculta de la Verdad que publicó en junio de este año el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos se hizo un balance del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Su mensaje central que es necesario reivindicar a las víctimas como un paso para la lograr la paz. El informe hace un recorrido histórico desde las desmovilizaciones, la aprobación de la ley de Justicia y Paz y la puesta en marcha de la justicia transicional. Recoge artículos de medios de comunicación y testimonios de los protagonistas del proceso. Armado de cifras coge cada una de las partes de la ley 975 y demuestra que aún falta trecho para conseguir la Justicia, la Verdad y la Reparación en Colombia. Inicialmente ofrece algunas pinceladas para contar lo que pasó antes de la puesta en marcha de la ley de Justicia y Paz; luego pinta la situación de la Verdad, la Justicia y la Reparación en el proceso colombiano. Señala la necesidad de que en Colombia exista una comisión del ‘Nunca Más’, como la hubo en Chile y en Argentina, y pide el repudio general hacia las acciones que cometieron los grupos paramilitares. “En algunos sectores de la sociedad colombiana aún sigue muy arraigada la convicción de que los paramilitares fueron un mal menor necesario, o incluso héroes”, dice. Recoge el informe el “descorazonador espectáculo” de las salidas en público de los jefes paramilitares -en el Congreso y en las versiones de justicia y paz-, donde sus seguidores los ovacionaban, les tiraban papel picado y los aplaudían. Mientras que las víctimas eran relegadas a los costados con sus demandas de verdad.
Critica el informe las debilidades de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada con la ley 975, y su poca representación del total de las víctimas. Y puntualiza diciendo que lo importante no es que las víctimas reciban un cheque a cambio de los males que han sufrido, sino que es necesario que se conozca la verdad de lo qué pasó, se haga justicia, y se garantice que nunca más volverán a suceder los lamentables hechos.
Además critica la decisión del presidente Álvaro Uribe Vélez de extraditar, el 13 de mayo de este año, a algunos de los jefes paramilitares desmovilizados bajo el argumento de que seguían delinquiendo. Esta medida, según el informe alejó más a las víctimas de la verdad. El informe detalla “las heroicas iniciativas de una diversidad de actores – activistas de derechos humanos, periodistas, fiscales, jueces de la Corte Suprema, eclesiásticos, algunos pocos políticos, y especialmente las víctimas – para sacarle a este proceso, aunque no sea reparación y justicia, al menos un poco más sobre la verdad de lo ocurrido”, según la presentación del trabajo. El informe concluye con recomendaciones sobre cómo podría la política de EE.UU. respaldar mejor todos los esfuerzos realizados en Colombia en pos de la verdad, justicia y reparación. El Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, autor del informe, coordina a una red de más de sesenta organizaciones no gubernamentales y religiosas, agencias humanitarias y grupos de base, se dedica a impulsar políticas de los Estados Unidos en defensa de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Su directora desde junio de 2002 es Lisa Haugaard. Entre 1993 a 2001 Haugaard, como ejecutiva asociada a la entidad, trabajó con los programas de Colombia y Centro América en asistencia al desarrollo y otros temas. Haugaard escribió numerosos reportes y artículos acerca de las políticas de América Latina y ha hablado sobre el tema ante el Congreso de los Estados Unidos. Antes de su trabajo en este proyecto fue directora en Washington del Instituto Histórico de Centro América, y escritora, editora y traductora para el Instituto Histórico Centroamericano en Managua, Nicaragua. Haugaard es graduada de Swarthmore College, tiene un master en estudios de Latinoamérica de la Universidad de Nueva York y fue becaria de la comisión Fulbright en Centroamérica.