Denuncian presuntos nexos entre paramilitares y multinacionales

Por: Con información de Efe

Este miércoles, el Tribunal Permanente de los Pueblos, encabezado por el Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentará en Bogotá un informe donde dice cuáles son las compañías con dichos vínculos, a las que también acusa de violar los derechos de la población indígena.

Foto: EFE

El argentino Adolfo Pérez Esquivel (I), premio Nobel de la Paz de 1980, y el italiano Gianni Tognoni (D), secretario general de la Fundación Lelio Basso, en rueda de prensa celebrada en Bogotá.El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), encabezado por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, emitirá su dictamen sobre la violación masiva a los derechos humanos de los indígenas en Colombia por parte de 43 multinacionales radicadas en el país.El argentino Pérez Esquivel, quien asumió la presidencia de una audiencia del TPP, explicó junto con el secretario general de la Fundación Lelio Basso, el italiano Gianni Tognoni, que la denuncia será formulada luego de tres años de sesiones e investigaciones en las que participaron 1.700 jueces y conjueces de organizaciones representativas.Según informaron, entre las empresas encausadas se encuentran Nestlé (Suiza); Coca Cola, Chiquita Brands, Drummond y Monsanto (Estados Unidos); la Anglo Gold Ashanti (República de Suráfrica); British Petroleum (Reino Unido); y las españolas Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona y Telefónica.Sobre ellas pesan cargos como el desplazamiento forzado de comunidades, vínculos con paramilitares responsables de asesinatos y masacres de sindicalistas, contaminación ambiental, violación de las patentes y de la soberanía territorial y energética de Colombia.Para el jurado del TPP, elegido entre cien notables de prestigio internacional, los Estados implicados son también responsables por consentir los abusos de las trasnacionales mediante omisiones y concesiones, "privilegiando el capital financiero sobre la vida de los pueblos". "Muchas empresas actúan con el consentimiento del Gobierno y actúan con total y absoluta impunidad", dijo Esquivel, quien añadió que "los Estados deben tomar medidas urgentes sobre esto porque ahí están las vidas de los pueblos, pero no sólo por el daño que se hace a los pueblos, sino también por el daño a la biodiversidad". Para Esquivel, los Tratados de Libre Comercio representan la nueva "recolonización de los pueblos latinoamericanos" y suponen una pérdida indiscutible de la soberanía económica y alimentaria, además de errar en su calificación puesto que "de libre comercio no tienen nada". El TPP convocó a embajadas y empresas para defenderse, pero de las 43 corporaciones sólo seis hicieron uso de la réplica, entre las que se encontraba la eléctrica española Unión Fenosa, quien ante las acusaciones de propiciar el desplazamiento de la población, contaminar e incitar la corrupción, aseguró acogerse a los estándares de buena conducta de "Global Compact". Esquivel fue encarcelado durante la dictadura militar argentina en los años setenta y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha en favor de los derechos humanos y la promoción de los ideales de la no-violencia en América Latina.El Tribunal Permanente de los Pueblos es un órgano de opinión influyente pero no vinculante, sucesor del "Tribunal Russell", creado por el matemático y filósofo americano para juzgar junto a intelectuales como Jean Paul Sartre los crímenes estadounidenses en la guerra de Vietnam.

Con información de Efe Elespectador.com

¿El poder para qué?

¿El poder para qué? Para trancar la justicia

Eltiempo.com 23-07-08
La habilidad del Presidente para maquillar en palabras el alcance de sus hechos impresiona. Si uno se guiara por lo que el Presidente dice y no por lo que hace, pensaría que los principales proyectos que propondrá en esta legislatura serán económicos, porque a ese tema dedicó la mayor parte de su discurso de instalación del Congreso. Pero no, el principal será la reforma de la justicia y la electoral, que apenas mencionó.
Dijo el Presidente que "la reforma debe evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política". Sería bueno que el Presidente precisara a qué se refiere. Sería bueno que nos explicara por qué cree que se debe evitar la judicialización de la política, cuando la evidencia indica que la política está criminalizada. Si no es judicializando la criminalidad en la política, ¿cómo cree el Presidente que vamos a volver a una política más pura, que dé más confianza? Una buena manera de no haber dejado sola a la justicia en esa tarea habría sido que el Presidente no hubiera admitido a tantos representantes de narcotraficantes y criminales en las listas de los partidos que lo apoyan ni en su coalición en el Congreso ni en puestos en su gobierno. Nada de eso hizo. Por el contrario, les ofreció su capital político para que lo usaran a sus anchas.
Por solicitud del Presidente, este Congreso, el más mafiosamente cooptado y deslegitimado de nuestra historia, reformará y decidirá la elección de los magistrados de las Altas Cortes, del Fiscal y el Procurador. El mismo Presidente que hace apenas un mes hundió la reforma política y la 'silla vacía', que hubieran quitado a la mafia la representación política que consiguió por las armas, ahora vuelve al mismo Congreso cooptado por esas mafias a pedirle que reforme la justicia. Porque a los ojos del presidente Uribe el problema es la justicia y no la 'parapolítica', el actual es un Congreso ejemplar y los 'parapolíticos' unos próceres sacrificados injustamente por una justicia que no entiende que eran apenas un mal patriótico menor para lograr el bien mayor de acabar con el terrorismo. Esa incomprensión les costará caro y los congresistas están prestos a colaborar en la faena.
Un presidente que tuviera mínimo respeto por la justicia no le propondría al Congreso más cooptado por mafias políticas emergentes, de las armadas y narcotraficantes, que reforme la elección y accionar de los jueces en Colombia. Para el presidente Uribe, que tiene toda solidaridad con esas clases emergentes, hacer esa solicitud de reforma de la justicia no sólo es posible sino indispensable. La justicia ha sido el principal estorbo para la consolidación y legitimación de esa clase emergente. Ellos, que tienen vocación de poder y llegaron para gobernar, no van a dejar que la justicia les siga aguando la fiesta. También harán algunas reformas electorales para atar otros cabos sueltos que trancan su toma del poder, como castigar a los disidentes, sacarle más recursos al Estado para las campañas y monopolizar en los actuales partidos el poder político.
Sin maquillaje, la solicitud del Presidente al Congreso podría leerse, entre líneas, así: "Invitamos al Congreso a sacar adelante la mejor reforma (la que mejor consolide el poder adquirido y limite el estorbo de la justicia), que se aplique plenamente para el debate electoral del 2010 (o sea, que deje intacta la toma mafiosa del poder en el 2002 y el 2006). Que para estudiarla no haya diferencias entre principales y suplentes de este período (es decir, que los 'parapolíticos' y sus reemplazos puedan votar en igualdad de condiciones), sino convergencia alrededor del propósito de tener un Congreso de opinión, respetado por cada ciudadano." En una frase, (Congreso, pase la cuenta de cobro a esa justicia abusiva, que lo que tengo es popularidad de sobra para pagarla).

Segurcol Ltda atenderá las necesidades de seguridad en ciudad universitaria

El Departamento de Vigilancia, dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, se permite informar que apartir del viernes 1 de agosto de 2008 la Unión Temporal Miro Seguridad Ltda. - Seguridad Record de Colombia Ltda. "Segurcol Ltda." será laencargada de atender nuestras necesidades en materia de seguridad en ciudad universidad, dependencias externas ubicadas en el área metropolitana y lassedes regionales.Para el primer año Miro Seguridad Ltda. prestará sus servicios en ciudad universitaria y sedes regionales y Segurcol Ltda. hará lo correspondienteen las dependencias externas ubicadas en el área metropolitana. Para el segundo año se hará rotación de sedes, es decir, Miro Seguridad prestarásus servicios en dependencias externas y Segurcol Ltda. lo hará en ciudad universitaria y sedes regionales.Esperamos de todos la mayor comprensión y colaboración durante el proceso de empalme.Vicerrectoría Administrativa - Departamento de Vigilancia

La Cara Oculta de la Verdad: corte de cuentas a la ley de Justicia y Paz

En junio el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos publicó el informe La Cara Oculta de la Verdad, un balance de los resultados de la ley de Justicia y Paz en Colombia luego tres años de vigencia.

En el informe La cara oculta de la Verdad que publicó en junio de este año el Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos se hizo un balance del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Su mensaje central que es necesario reivindicar a las víctimas como un paso para la lograr la paz. El informe hace un recorrido histórico desde las desmovilizaciones, la aprobación de la ley de Justicia y Paz y la puesta en marcha de la justicia transicional. Recoge artículos de medios de comunicación y testimonios de los protagonistas del proceso. Armado de cifras coge cada una de las partes de la ley 975 y demuestra que aún falta trecho para conseguir la Justicia, la Verdad y la Reparación en Colombia. Inicialmente ofrece algunas pinceladas para contar lo que pasó antes de la puesta en marcha de la ley de Justicia y Paz; luego pinta la situación de la Verdad, la Justicia y la Reparación en el proceso colombiano. Señala la necesidad de que en Colombia exista una comisión del ‘Nunca Más’, como la hubo en Chile y en Argentina, y pide el repudio general hacia las acciones que cometieron los grupos paramilitares. “En algunos sectores de la sociedad colombiana aún sigue muy arraigada la convicción de que los paramilitares fueron un mal menor necesario, o incluso héroes”, dice. Recoge el informe el “descorazonador espectáculo” de las salidas en público de los jefes paramilitares -en el Congreso y en las versiones de justicia y paz-, donde sus seguidores los ovacionaban, les tiraban papel picado y los aplaudían. Mientras que las víctimas eran relegadas a los costados con sus demandas de verdad.

Critica el informe las debilidades de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada con la ley 975, y su poca representación del total de las víctimas. Y puntualiza diciendo que lo importante no es que las víctimas reciban un cheque a cambio de los males que han sufrido, sino que es necesario que se conozca la verdad de lo qué pasó, se haga justicia, y se garantice que nunca más volverán a suceder los lamentables hechos.

Además critica la decisión del presidente Álvaro Uribe Vélez de extraditar, el 13 de mayo de este año, a algunos de los jefes paramilitares desmovilizados bajo el argumento de que seguían delinquiendo. Esta medida, según el informe alejó más a las víctimas de la verdad. El informe detalla “las heroicas iniciativas de una diversidad de actores – activistas de derechos humanos, periodistas, fiscales, jueces de la Corte Suprema, eclesiásticos, algunos pocos políticos, y especialmente las víctimas – para sacarle a este proceso, aunque no sea reparación y justicia, al menos un poco más sobre la verdad de lo ocurrido”, según la presentación del trabajo. El informe concluye con recomendaciones sobre cómo podría la política de EE.UU. respaldar mejor todos los esfuerzos realizados en Colombia en pos de la verdad, justicia y reparación. El Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, autor del informe, coordina a una red de más de sesenta organizaciones no gubernamentales y religiosas, agencias humanitarias y grupos de base, se dedica a impulsar políticas de los Estados Unidos en defensa de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Su directora desde junio de 2002 es Lisa Haugaard. Entre 1993 a 2001 Haugaard, como ejecutiva asociada a la entidad, trabajó con los programas de Colombia y Centro América en asistencia al desarrollo y otros temas. Haugaard escribió numerosos reportes y artículos acerca de las políticas de América Latina y ha hablado sobre el tema ante el Congreso de los Estados Unidos. Antes de su trabajo en este proyecto fue directora en Washington del Instituto Histórico de Centro América, y escritora, editora y traductora para el Instituto Histórico Centroamericano en Managua, Nicaragua. Haugaard es graduada de Swarthmore College, tiene un master en estudios de Latinoamérica de la Universidad de Nueva York y fue becaria de la comisión Fulbright en Centroamérica.

Los nada que ver

Lo increíble es que ante esta evidencia, el gobierno, en vez de buscar fórmulas para depurar la política, busque quitarle atribuciones a la justicia.

Por Daniel Coronell
Fecha: 07/26/2008 -1369
La captura del senador Carlos García Orjuela, presidente del Partido de La U -el partido del Presidente- sirve para recordar que la para-política está viva y que los principales aliados del gobierno están involucrados. La enorme mayoría de los políticos presos o investigados hace parte de la bancada de gobierno. El recuento de algunos implicados muestra claramente la cercanía que han tenido con el Ejecutivo.

Mario Uribe Escobar: Es primo del Presidente de la República y fundó con él el llamado "Sector Democrático" del liberalismo en Antioquia. Ha tenido negocios Álvaro Uribe y con otros miembros de su familia. Fueron socios comerciales en una compañía llamada Soga Limitada, cuyo objeto era la compra y la venta de tierras. Uno de los integrantes de la lista al Senado de Mario Uribe en el año 2002 fue José Obdulio Gaviria, actual asesor presidencial.

Rubén Darío Quintero Villada: Fue secretario privado del gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia señalan presuntos nexos suyos con Freddy Rendón, alias el 'Alemán', jefe paramilitar de Urabá, región en la que Quintero obtuvo una alta votación para Senado.

Miguel de La Espriella: Amigo personal, compadre del Presidente de la República y, como él, propietario de fincas en el departamento de Córdoba. El año pasado hizo una revelación que pasó prácticamente inadvertida: En el año 2002 invitó al candidato Álvaro Uribe a reunirse con el paramilitar Salvatore Mancuso. Uribe declinó la invitación, pero De la Espriella continuó -sin problemas- como impulsor de la campaña presidencial y posteriormente como miembro de la bancada de gobierno. Fue condenado después de aceptar los cargos por sus nexos con los paramilitares.

Álvaro García Romero: Fue promotor en Sucre del llamado referendo "contra la corrupción y la politiquería". Además de sus presuntos vínculos con los paramilitares, la justicia lo investiga por su supuesta participación en el asesinato de una testigo electoral que se habría opuesto a sus maniobras y por el papel que habría tenido en la masacre de Macayepo, donde 15 campesinos fueron asesinados a piedra y garrote por paramilitares que querían ahorrar munición.

Jorge Noguera: Coordinador en Magdalena de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe. Fue nombrado director del DAS, de donde salió en medio de denuncias por corrupción en la entidad. No obstante, el Presidente lo nombró Cónsul de Colombia en Milán. Fue detenido por presuntos nexos con los paramilitares que penetraron la central de inteligencia colombiana. Hace un tiempo salió de la cárcel por errores de procedimiento del Fiscal General. Errores que parecen persistir.

Álvaro Araújo Castro: Ingresó al uribismo por la misma época en la que su hermana María Consuelo fue nombrada Ministra de Relaciones Exteriores. Es investigado por el apoyo electoral que presuntamente recibió del jefe paramilitar 'Jorge 40' y por su supuesta participación en el secuestro de un contradictor político. Su padre, señalado por los mismos hechos, sigue prófugo. Muchos en Valledupar aseguran que Araújo papá está en Venezuela.

Ciro Ramírez Pinzón: Fue el primer congresista que promovió la reelección del presidente Uribe. A su iniciativa pronto se sumaron Mario Uribe y William Vélez, aliados históricos del mandatario. Ramírez sigue manejando importantes cuotas en la rama judicial y en el Inpec. Existen grabaciones que prueban su relación con un presunto narcotraficante apodado 'Mi Sangre', hombre de confianza de 'Don Berna'.

La lista de allegados al gobierno encartados judicialmente podría seguir: Rocío Arias, Eleonora Pineda, Luis Humberto Gómez Gallo, Dieb Maloof y un larguísimo etcétera.

Lo increíble es que ante esta evidencia, el gobierno -en lugar de buscar fórmulas para depurar la política- esté buscando la manera de quitarle atribuciones a la justicia.