En las universidades públicas (u.p.) y los colegios de Bogotá, el incremento del consumo de drogas no puede explicarse hoy sólo desde miradas clínicas, policiales o exclusivamente culturalistas. Se requiere, además, caracterizar el fenómeno y establecer sus relaciones con la cadena del narcotráfico, el crecimiento del poder mafioso-paramilitar urbano, y el imperativo gubernamental de criminalizar y securitizar la universidad pública.
Del consumo transgresor a la jibarización de la u.p.
En los años 60, al lado de la masificación universitaria se inicia la irrupción creciente del consumo de drogas entre la población estudiantil, práctica legitimada por las clases medias cultas y corrientes intelectuales, como posturas contraculturales, opuestas a las costumbres conservadoras, que encontraban “nuevas formas de expresión” en anfetaminas, LSD, marihuana, y como protesta contra los valores preestablecidos de la sociedad capitalista o simplemente como vehículo para desprenderse de cánones sociales inmersos en el conservadurismo. Desde entonces, entre los universitarios, el consumo de drogas se relaciona con los discursos de transgresión.
Pero con los años y el desarrollo de la cadena productiva del narcotráfico, el consumo universitario tendió a despolitizarse y mercantilizarse. En la despolitización del consumo operó su masificación, sobre todo el que en los 90 y lo corrido del siglo XXI aparecieron pequeños expendedores, los “jíbaros”, traficantes quizá relativamente independientes de la red jerárquica de esta economía ilícita y liderada por los carteles de la droga. Incluso, algunos jíbaros universitarios podían justificar el negocio y la ampliación del mercado a partir de combinar y reivindicar el consumo como contracultura y retos transgresores.
Claro que esta versión, difundida entre los grupos contraculturales, desconoce que, simultáneamente, una de las tácticas de contrainsurgencia y control social para desbaratar tejidos sociales rebeldes es la introducción de droga. Así fue en los 60 en los guetos urbanos de Estados Unidos con presencia de partidos de izquierda como Los Panteras Negras; también, en los 80 de Colombia, cuando numerosas experiencias de organización popular en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín fueron erosionadas por la presencia de una compleja relación entre organismos de seguridad y redes de narcotráfico.
De todos modos, la jibarización de la universidad significó la despolitización de espacios sociales y asimismo la desarticulación de los sujetos ligados a ellos, al desplazar por diversas vías (promoción del individualismo a ultranza, control impositivo del espacio, amenazas a las expresiones universitarias que cuestionaran tales prácticas) los códigos de interpretación de la sociedad, las mentalidades y el sentido con que se apreciaba el rol de la Universidad y los universitarios. Junto a tales procesos de desarticulación social y despolitización, sucumben también las formas más extendidas de apreciación académica y preocupación política que la vida colectiva universitaria tendía a realizar sobre la sociedad. Ello ocurrió ante el silencio y muchas veces los acuerdos y componendas que sectores de poder universitario tuvieron con los jíbaros, vistos como aliados y piezas claves en la dinámica política de la vida universitaria.
Nuevas formas de control urbano paramilitar y desplazamiento de los “jíbaros tradicionales”
En los últimos siete años, junto al crecimiento del consumo ilícito en los campus y el incremento de amenazas gubernamentales, militares y paras de un mayor control y disciplinamiento de las universidades públicas, está el desplazamiento o la subordinación de los antiguos jíbaros semi independientes, por parte de las nuevas estructuras urbanas de las redes paramilitares.
La Secretaría de Gobierno (Respuesta a la Proposición 016 de 2008 presentada por el concejal Jaime Caycedo) sostiene que uno de los objetivos de los grupos paras es consolidar su poder mafioso a partir del control y la subordinación de la economía ilegal e informal de la ciudad, incluyendo el control del tráfico de drogas en barrios y universidades.
Es conocida la estrategia paramilitar de controlar todo el mercado de la droga, desde los capos de cartel y sus subordinados, traquetos, sicarios, soplones, infiltrados, hasta el lugar más bajo de la cadena: los jíbaros. Esta red incluye también a organismos de seguridad del Estado. Normalmente, los jíbaros tienen buenas relaciones con estas instancias estatales, de quienes reciben protección a cambio de información.
Ante los controles internacionales al comercio de la droga, los narcos paras se adaptan para sobrevivir, lo que implica una fuerte lucha por el control territorial y la promoción masiva del consumo de droga en mercados urbanos que fueron de pequeños jíbaros semi independientes. En esta cadena, los jíbaros, que no han podido acceder a la exportación de drogas, se contentaban con organizar la venta al detal en calles, colegios y universidades, pero ahora empiezan a ser subordinados de grupos paramilitares.
Llama la atención lo que en Bogotá ocurre con el mundillo de la droga, a lo cual no es ajena la universidad pública. En julio de 2008, la Policía dio a conocer el ‘hallazgo’, en la denominada zona del Bronx, de una escuela de sicarios dirigida por alias ‘Gancho’ o ‘Rigo’, perteneciente al grupo La Cordillera. Este traficante administraba una red de sicarios con la que ha logrado controlar las principales ‘ollas’ de la ciudad, las redes de jíbaros, la ampliación del mercado y la monopolización de otros renglones de la economía urbana paramilitar.
El grupo La Cordillera fue la estructura sicarial y mafiosa creada por Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, en Risaralda; tras sangrienta batalla con pequeñas bandas de jíbaros y traficantes, monopolizó el mercado en Pereira y Dos Quebradas, organizando el censo de ‘ollas’ y jíbaros y estableciendo escuelas de sicarios para vigilar el negocio. La Cordillera y La Escalera tienen relaciones con las Águilas Negras en el Viejo Caldas, y al parecer decidió, como parte de la nueva estrategia para, ampliar operaciones en ciudades como Bogotá.
Esto es tan así que, por ejemplo, en la Universidad Distrital los jíbaros tradicionales hicieron circular un extraño mensaje en 2008. En él denunciaban la llegada de nuevos grupos de expendedores al campus de la Sede Macarena y la pugna territorial, con riesgo para la comunidad universitaria. En la Distrital, docentes y estudiantes se muestran alarmados, pues la batalla entre pequeñas mafias puede tender a la confrontación armada, más cuando los jíbaros (nuevos y viejos) ingresan con armas al campus para defender sus intereses.
El modo como los nuevos jíbaros paras operan en espacios públicos culturales, su intencionalidad de despolitizar para afianzar el mercado de la droga, se ejemplifica con hechos como el acontecido en el Parque del Periodista en Medellín. Allí los jíbaros les declararon la guerra a los integrantes del periódico Universo Centro por sus iniciativas de llevar exposiciones de arte popular, pintura, fotografía, lecturas y libros al Parque. Paro los jíbaros, el interés era convertirlo en ‘olla’ para que los jóvenes paisas fueran simplemente a consumir.
Lo de Medellín no es más que la confrontación entre las estructuras de la ‘oficina’ de Envigado y las del cartel del Norte del Valle, al mando de ‘Don Pedro’ por controlar los cobros por seguridad y vigilancia, y sobre todo del rentable negocio de sustancias alucinógenas, entre las que se destacan la cocaína, cuyo consumo va en aumento y es mucho más rentable que la marihuana y el bazuco.
¿A quién le sirve la jibarización de las u.p. en Bogotá?
La nueva modalidad de jibarización paramilitar es una estrategia multipropósito:
1) Posibilita el monopolio del creciente mercado en los espacios universitarios, camino abierto por supuestos jíbaros al servicio de una supuesta transgresión cultural. Ahora, el escenario cambia y se torna favorable para los traficantes, en la medida del incremento de la oferta educativa pero al tiempo la precarización presupuestal para el sector y el desinterés institucional por densificar ofertas culturales alternativas y formativas, capaces de atraer las nuevas poblaciones.
2) Permite que los grupos paras ejerzan control territorial y vigilancia en la Universidad, considerada por estos grupos como ‘centro de comunismo’, instalando redes de soplones, y tejiendo lealtades a partir del miedo y el cobro de impuestos a los vendedores de cigarrillos, dulces y otras mercaderías.
3) Despolitiza la vida universitaria, y atemoriza o neutraliza el activismo crítico, limitado en su acción por el temor de que los jíbaros cumplan sus amenazas.
Incrementa la estigmatización de la universidad pública al legitimar los discursos de criminalización que el gobierno actual despliega para justificar su presencia militar en las universidades públicas de Bogotá.
En Bogotá y la u.p. en general, todo indica que el régimen quiere, a como dé lugar, controlar y disciplinar la u.p., a cuyo propósito sirve la jibarización por la consiguiente política de securitización. Ésta es la inscripción de temas en la agenda de seguridad como resultado de la incapacidad o la falta de voluntad política para abordarlos en los marcos políticos y jurídicos normales. Se trata de ampliar el concepto y la agenda de seguridad a facetas que deben ser abordadas en el ámbito político, económico, social y ambiental.
El informe de riesgo 048-06 de 2006, de la Defensoría Delegada para evaluar el riesgo de la población civil como secuela del conflicto armado, empieza a registrar las universidades públicas de Bogotá como zonas en riesgo por paramilitares, explicitando el campus de la Nacional, la sede Macarena donde funciona la Facultad de Ciencias y Educación de la Distrital, y la Universidad Pedagógica Nacional en La Porciúncula. Ello exige redefinir conceptos y prácticas de defensa de la u.p., y abrir la discusión sobre el consumo, visto no sólo desde enfoques clínicos o policivos sino además como parte de las estrategias de copamiento y control de la universidad.
*Publicado en la revista colombiana Desde Abajo
